La Inspección de Trabajo ha requerido a Unidad Editorial Información General [EL MUNDO] a que reponga en sus funciones de fotógrafos a Carlos Barajas y Javier Martínez, quienes, tras haber ganado su denuncia contra la empresa, fueron incorporados a la plantilla pero no para hacer fotografías sino en el departamento de preimpresión. El Comité de Empresa dijo entonces que ese cambio de tareas era una represalia porque habían presentado una denuncia y la Inspección da ahora la razón al Comité de Empresa.
La empresa será sancionada por cometer infracciones en este caso
Estos compañeros y otros seis fotógrafos han trabajado para EL MUNDO y otras publicaciones del grupo durante muchos años –algunos desde la fundación del diario, hace 21 años–, a plena dedicación, pero la empresa se negó a incluirlos en la plantilla pese a las reiteradas peticiones del Comité.
Ante esa negativa presentaron una demanda y, en febrero de 2009, una juez sentenció que existía una «relación laboral» entre ellos ocho y la empresa, por lo que deben formar parte de la plantilla. La empresa recurrió y volvió a perder: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó esa sentencia.
Como represalia, la empresa dejó de encargarles trabajo, los sustituyó por otros colaboradores y les prohibió la entrada en el edificio.
Hace unos meses, la empresa llegó a un acuerdo con tres de ellos y los indemnizó; otros dos están pendientes de una nueva denuncia y tres fueron incorporados a la plantilla: uno para realizar vídeos y dos en preimpresión, para un trabajo que no corresponde a su categoría de redactores gráficos.
El inspector de Trabajo, delante del Comité y de los abogados, afirmó: «Este comportamiento es digno de un cacique que tiene cinco trabajadores y se enfada con ellos, pero no de una gran empresa como EL MUNDO. Deberían depurar responsabilidades contra quien haya adoptado esta decisión».
«EL MUNDO no puede jugar con represalias para intentar así llegar a un acuerdo y pagarles menos indemnización. Me parece absolutamente indigno que una gran empresa actúe así», añadió.
«Los trabajadores tienen derechos y pueden reclamarlos, no queremos trabajadores miedosos, sino con dignidad», continuó.
La Inspección ha constatado que la empresa ha cometido infracciones con estos trabajadores, relacionados con los pagos a la Seguridad Social, y pondrá una sanción que puede ir desde 6.000 a 60.000 euros dependiendo de que continúe o no la represalia contra los dos fotógrafos.
Una vez más, el Comité lamenta que algún responsable de la empresa se haya empecinado en represaliar a unos fotógrafos de reconocido prestigio sólo porque han ejercitado su derecho de acudir a los tribunales. Esta actitud empresarial ha costado ya mucho dinero y todavía costará más. Sorprende que, en una época de crisis como la actual, la dirección de Unidad Editorial Información General permita estas decisiones que, además de ilegales, autoritarias y fuera del mínimo sentido común, son muy caras.
Comité de Empresa de Unidad Editorial Información General [EL MUNDO]
Vía: anigp-tv
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